Para nadie es un misterio que, desde el 18 de octubre de 2019, nuestro país ha entrado en el proceso de cambio más profundo de los últimos 30 años. El contexto y hábitos que a los de la generación de los 80 y los 90 les parecía algo natural, ya no lo ni lo será más. Sin embargo, ¿Qué aspectos sería importante considerar en este nuevo Chile que queremos construir y que atañe directamente a las personas con discapacidad en etapa laboral? Desde nuestra experiencia de trabajo y a partir de una constante en las demandas de ellos y ellas, esta crisis puede debe considerar durante y después algunos puntos relevantes:
Primero: Crisis económica y acceso al empleo de las personas con discapacidad: No hay duda de que el comercio de las grandes ciudades ha sido uno de los que ha sufrido más durante el periodo de manifestaciones en estas últimas semanas. No lo quiero personalizar en la violencia y saqueos, pues no es el único factor. También tenemos la inacción de las policías al no poder separar correctamente a los manifestantes pacíficos respecto de los saqueadores. Eso sin duda impactará durante las próximas semanas sobre el empleo, y las personas con discapacidad no son ajenas a ello. Pero es importante prestar especial atención en aquellos propietarios que emplean a personas con discapacidades, tanto grandes como PYME. También en las personas con discapacidad que son propietarios y son independientes o tienen trabajadores a su cargo. Es fundamental que SENCE, SERCOTEC, CORFO y los gremios empresariales consideren a los trabajadores con discapacidad como un grupo que tendrá una especial dificultad para recuperarse y a los que hay que prestar especial atención.
Segundo: Cumplimiento de la ley de inclusión. El gobierno ha querido dar la señal que la ley de inclusión laboral se ha cumplido por la mayoría de las empresas. Sin embargo, en nuestro trabajo diario vemos que numerosas empresas tienen cumplimientos parciales o simplemente no cumplen. A favor de las empresas podemos decir que, si bien muchas hacen el esfuerzo, los potenciales candidatos no se presentan o no cumplen con les perfiles para ser competentes. En este contexto, los organismos fiscalizadores de la Ley como la Inspección del Trabajo deben ejecutar aún mayores esfuerzos, al igual que el Servicio nacional de la Discapacidad, puesto que son estos organismos quienes deben orientar tanto al sector público como privado a que cumplan con la ley de inclusión laboral.
Tercero: El aseguramiento del acceso y derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En el mundo existen numerosas medidas de fomento para la inclusión laboral de personas con discapacidades. Chile ha optado desde el 2018 por una Cuota de Inclusión obligatoria del 1%, sobre la dotación completa de las empresas con 100 o más trabajadores, al igual que el sector público. Sin embargo, esta política es abiertamente insuficiente para la realidad y necesidad del país. Por otra parte, las medidas alternativas de cumplimiento tienden a penalizar la adquisición de personas con más competencias, puesto que al tener remuneraciones más altas, llega un momento que es más “conveniente” para la empresa, aplicar las medidas alternativas de donación. Los países que han sido relativamente exitosos en el cumplimiento de la ley de cuotas (y con tasas de desempleo relativamente altas en sectores vulnerables como Chile) son aquellos que aplican un mix entre los incentivos fiscales y la obligatoriedad con cuotas. Algunos tipos de personas con discapacidades requieren ciertas adecuaciones de infraestructura y soporte tecnológico que la ley no contempló ni tampoco existen las herramientas de apoyo. Por lo mismo, es clave que las autoridades tomen nota y establezcan una agenda corta para promover aún más el empleo en las personas con discapacidades, ya sea aumentando la cuota a un 2%, o generar deducción fiscales en la contratación de personas con discapacidad.
Cuarto: Fortalecer las políticas de inclusión laboral. En Chile existen varios programas de capacitación y formación de competencias para personas con discapacidades. Lamentablemente, muchos de ellos están muy desarticulados y dependerá del Director del Servicio turno o el Ministro / Gobernante de turno, su mayor o menor aplicación. La intersectorialidad es una asignatura muy pendiente en las políticas de empleo para personas con discapacidad aún, sobre todo pensando que el acceso al empleo dependerá de la interacción entre transporte público, educación, salud, entre otros. Por lo mismo, es fundamental que se comience a trabajar en una política de fortalecimiento del empleo inclusivo que contemple, entre muchos otros puntos, la intersectorialidad.
Quinto, el rol de la sociedad civil en la inclusión laboral es clave. En nuestro país se encomendó extraordinariamente que, una de las medidas alternativas a la ley de inclusión laboral fuera la donación a proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. Los montos que muchas fundaciones pueden percibir no sólo son onerosos, sino que, además, permiten un amplio “colchón” operacional para la ejecución de proyectos que fomenten la inclusión laboral de personas con discapacidad. En este contexto, más allá de la fiscalización y el respeto por la Ley (básico por lo demás), el deber ético de las instituciones es que los proyectos se materialicen en resultados concretos. Hablar de proyectos significa la realización de acciones con un horizonte de trabajo bastante acotado y a corto plazo. Por ende, la ONG y Fundaciones afiliadas tienen la importante misión de dar el ancho en la misión que la sociedad nos encomendó de ser reales catalizadores en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Si no lo hacemos nosotros, no le pidamos que el Estado aquello que nosotros no hemos podido actuar.
Finalmente, esperemos que durante impacto económico que tendrá esta fase de cambios, el Estado y la Sociedad Civil puedan contener e incluir a las personas con discapacidad en etapa laboral como un actor relevante para la construcción de este nuevo Chile.
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