Durante el mes de diciembre de cada año las empresas deben realizar numerosos cierres financieros, analizar el desempeño de sus ventas durante el año, proyectar el año que viene y ver cómo continuar su senda de decrecimiento o salir de la crisis si el último año no ha estado bueno. Dentro de todos los análisis también se encuentra uno que es muy importante también, que es el cumplimiento de la cuota de Personas con Discapacidad.
Cabe destacar que la cuota de inclusión laboral del 1% de personas con discapacidades en Chile es una obligación legal para las empresas con una dotación de 100 o más trabajadores. Es decir, que estamos frente a un compromiso ineludible por parte de las empresas a quienes les afecta esta normativa legal. A eso le sumamos la nueva ley 21.275, que viene a complementar la ley de inclusión, en tanto viene a obligar a dotar a sus unidades de recursos humanos de un profesional acreditado en inclusión laboral, así como de contar de un plan anual para administrar recursos humanos inclusivos al interior de éstas.
Con todo esto, vemos con pesar que, luego de 5 años de implementada la ley, las brechas para la inclusión de las personas con discapacidades aún no se acortan. Actualmente, se estiman que 1 de 4 empresas en nuestro país reportan al estado su estatus de cumplimiento de la Ley de Inclusión. Si bien la cifra ha mostrado un crecimiento sostenido entre las empresas que declaran, la cifra está lejos de ser suficiente, considerando que dicha declaración es una obligación legal. Demás está preguntarnos el rol de los organismos fiscalizadores tales como la Dirección de Trabajo en este ámbito. Sobre todo, porque el cruzamiento de datos a nivel digital es totalmente factible de realizarlo con los medios existentes.
La administración pública tampoco está exenta de esta ley. Aún existen numerosas municipalidades y ministerios que no cumplen con la cuota de inclusión, dando todo tipo de excusas con el paso de los años. En ocasiones sin tantos requerimientos de personal, para dar cumplimiento al menos aquello que es exigido por la Ley. Un ejemplo se puede apreciar en los sitios de la I. Municipalidad de Padre Las Casas o el mismo Ministerio del Deporte.
Pero atacando el problema, ¿Cómo podemos aportar más a la inclusión laboral? Sin duda la inclusión en las empresas o la administración pública pasa por un fuerte compromiso en entender que, más allá de una cuestión de derechos, es un tema de que las empresas y organismos del estado deben cumplir con la Ley sin esperar a que deban ser amonestados. En segundo lugar, apoyándose en la sociedad civil y utilizando todo su complejo sistema de redes para conectar las necesidades de personal con las empresas, respecto a las personas con las competencias para desempeñar el cargo. Si bien los costos de contratación se han ido encareciendo con los años, alternativas como la subcontratación o servicios transitorios pueden han tomado cada vez más lógica entre las empresas, a fin de flexibilizar o acercar progresivamente al nuevo colaborador en la cultura de la empresa.
Otro elemento clave corresponde a la sensibilización y construcción de una cultura inclusiva al interior de las organizaciones. Con regularidad en nuestro trabajo se aprecia una voluntad importante de directivos, pero a nivel de mandos medios y operativos suelen existir numerosas barreras, prejuicios o derechamente un rechazo a la inclusión. Dudas justificadas o no, las áreas de recursos humanos deben considerar como fundamental tanto la formación del personal en temas de diversidad e inclusión laboral de personas con discapacidades en la empresa, así como dar una eficaz difusión y “bajada” a la política de diversidad e inclusión laboral que exige hoy en día la ley de inclusión.
Con todo lo anterior, durante este periodo la invitación debe ser a optar por la inclusión al interior en las empresas, preparar a su personal y comprender que las personas con discapacidades no son un estorbo. Al contrario, pueden llevarse una tremenda sorpresa al comprender que, haciendo el correcto match, pueden descubrir un grupo de personas que sí pueden aportar a la cadena de valor de la empresa.
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